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EL DESAHUCIO EN ESPAÑA TRAS LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UNIÓN EUROPEA

3 - Abril - 2013

EL DESAHUCIO EN ESPAÑA TRAS LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UNIÓN EUROPEA


La sentencia que dictó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado 14 de Marzo ha causado un gran impacto en la sociedad española, así como a nuestro ordenamiento jurídico. En dicha sentencia se declara incompatible el sistema de desahucios español con la Directiva de la Unión Europea 93/13/CEE, relativa a las cláusulas abusivas.

Dicha sentencia deviene de las cuestiones prejudiciales planteadas por el Juez de lo Mercantil de Barcelona, José María Fernández Seijo. Las cuestiones prejudiciales, son mecanismos mediante los cuales un órgano jurisdiccional nacional ante el que se está desarrollando un litigio en el que se cuestiona la interpretación o la validez de una norma de la Unión, se dirige al TJUE solicitando que éste interprete o determine la validez de la norma cuestionada.

En primer lugar, cabe identificar el origen de este suceso. Mohamed Aziz, nacional marroquí y trabajador español suscribió con Catalunya Caixa, mediante escritura notarial, un contrato de préstamo con garantía hipotecaria. Cuando Mohamed Aziz no cumplió con el pago de las cuotas, Catalunya Caixa instó un procedimiento de ejecución contra el interesado.

Una vez el procedimiento de ejecución se estaba realizando, el abogado de oficio del Sr. Aziz planteó ante el Juzgado Mercantil una demanda por tal de que se anulara una cláusula del contrato de préstamo hipotecario firmado entre Caixa Catalunya y Mohamed Aziz, por estimarla abusiva, amparándose en la Directiva de la Unión Europea 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las clausulas abusivas celebradas con los consumidores, así como también haciendo referencia a la ley española Ley 26/1984, de 19 de Julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

 

Ante esa demanda, la primera cuestión prejudicial que planteó el Juez José María Fernández Seijo, fue preguntar si las normas que permitieron a Catalunya Caixa expulsar al Sr. Aziz eran conformes a la legislación de la UE a pesar de que se hubiera alegado, por el Sr. Aziz, que eran abusivas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que la legislación española no era conforme a la directiva europea.

El procedimiento ejecutivo permitía que una vez el hipotecado dejara de pagar al banco, la entidad acreedora podía desahuciarlo mediante dicho procedimiento. En este procedimiento, si el deudor consideraba que el contrato que se firmó era abusivo, podía iniciar otro procedimiento pero que, al ser más largo su resolución, solía llegar tarde. Incluso si en este nuevo procedimiento declarativo dedicado a resolver si el contrato era abusivo o no, el Juez fallaba a favor del deudor, el procedimiento dejaba en total indefensión al deudor puesto que la hipoteca ya se habría ejecutado, habría perdido la casa, y sólo podría reclamar una indemnización que, como dice la abogado general Juliane Kokott es “incompleta e insuficiente”.

A partir de la sentencia del TJUE, los jueces tendrán la potestad de suspender cautelarmente un desalojo mientras se determina si en el contrato celebrado entre el banco y el cliente hay o no una cláusula abusiva. Es una importante potestad otorgada por el TJUE a los Jueces españoles y los primeros en aceptarla han estado los magistrados de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. La próxima semana están llamados los Jueces de Catalunya a decidir su sujeción. 

La segunda cuestión prejudicial que se plantea al Tribunal, es sobre si se podría precisar el concepto de “clausula abusiva”. Ante ese aspecto, el Tribunal señaló que tiene que ser el Juez nacional el que debe apreciar si las clausulas del contrato son o no abusivas, atendiendo a los criterios interpretativos que otorga el TJUE a los Jueces nacionales. Se trata de determinar que no haya habido un desequilibrio importante entre las partes tal y como dice en el fallo “tratando de manera leal y equitativa con el consumidor podía estimar razonablemente que este aceptaría la clausula en cuestión en el marco de una negociación individual”. Es decir que, por tal de conocer si una cláusula es abusiva o no, el Juez tendrá que ver si en una negociación individual contractual y con ambas partes, cliente y banco, situados en condición de igualdad, el cliente hubiese aceptado dicha cláusula. Ello deriva de que los contratos bancarios (como el de préstamo) pueden ser, y en muchos casos son, contratos generalizados con unas condiciones generales que el cliente no puede negociar, pues ya vienen estipuladas por la entidad bancaria, y ello es causa de indefensión, tal como remarca la sentencia.  

Así mismo, el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoce que la Directiva contiene una lista indicativa y no exhaustiva de las cláusulas que pueden ser declaradas abusivas y que “el carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando todas las circunstancias que concurran en su celebración”.

En conclusión, la sentencia del TJUE, aporta al ordenamiento jurídico español el poder para los jueces de adoptar medidas cautelares ante los procedimientos ejecutivos, así como otorga a los ciudadanos o a los afectados en un desahucio, una vía de defensa más completa para la tutela efectiva de sus derechos.

 

        

Artículo de Laura Mirabet

 

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